Lo que debía ser una nueva jornada de declaraciones ante la justicia colombiana terminó con un cambio inesperado. Este martes 3 de noviembre de 2026, Deicy Jiménez, la mujer que denunció una presunta red de contratos estatales a cambio de favores sexuales y cuyos señalamientos involucran al expresidente Gustavo Petro, no se pudo llevar a cabo ante la Fiscalía General de la Nación. La renuncia de su abogado, motivada por razones de seguridad, obligó a aplazar la diligencia.
La declaración estaba programada para las 2:30 de la tarde y formaba parte de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias que habían adquirido relevancia nacional. Sin embargo, Andrés Felipe Caballero, quien acompañaba a Jiménez en el proceso, decidió apartarse de su representación debido a preocupaciones por su seguridad e integridad personal.
La decisión se produjo pocos días después de una comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la denunciante había ratificado sus acusaciones y anunciado su disposición de aportar elementos que podrían ser examinados por los investigadores. La salida del abogado introdujo así una nueva dificultad en un caso que todavía se encontraba en etapa de esclarecimiento.
¿Por qué renunció el abogado de Deicy Jiménez?
La seguridad de quienes participaban en el proceso ya había sido motivo de preocupación antes de la renuncia de Caballero. Tras acompañar a su representada ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre, el abogado había manifestado públicamente que Jiménez continuaría colaborando con las autoridades pese a las amenazas que, según sus declaraciones, había recibido.
También había solicitado garantías de protección para ella y su familia. En ese momento, la defensa sostenía que todavía podían conocerse nuevos testimonios y elementos relacionados con las presuntas irregularidades denunciadas.
Días después, Caballero tomó la decisión de abandonar el caso por motivos relacionados con su propia seguridad. No obstante, la información conocida hasta ese martes no establecía las circunstancias específicas que originaron su preocupación ni permitía identificar responsables de eventuales amenazas contra él.
Su renuncia tuvo una consecuencia inmediata: la Fiscalía no pudo recibir la declaración prevista, mientras tanto Jiménez debió conseguir un nuevo abogado que asumiera su representación.
Lo que Deicy Jiménez declaró ante la Corte Suprema de Justicia
El jueves 29 de octubre, Deicy Jiménez compareció ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó los señalamientos que previamente había hecho públicos sobre una supuesta red de contratación estatal.
Durante una diligencia que se extendió aproximadamente cuatro horas, la denunciante expuso su versión sobre presuntos contratos entregados a mujeres a cambio de relaciones sexuales, compañía en reuniones y otras exigencias personales.
Según su relato, conoció a Gustavo Petro en 2019 mediante una plataforma para adultos, cuando él ejercía como senador de la República. Jiménez aseguró que posteriormente se habrían presentado situaciones relacionadas con su vinculación laboral a entidades estatales.
En sus declaraciones públicas también afirmó que la supuesta red habría involucrado entre 30 y 40 mujeres. Sin embargo, estas afirmaciones correspondían exclusivamente a su versión y no constituían hechos demostrados judicialmente.
El celular que la denunciante ofreció entregar a la justicia
Durante su declaración ante la Corte Suprema, Jiménez manifestó su disposición de entregar su teléfono celular para que fuera inspeccionado por la Policía Judicial.
Su entonces abogado había explicado que el dispositivo podría contener información relacionada con las denuncias y que también existía la intención de aportar otros elementos materiales.
La mujer había mencionado fotografías, videos y registros que, según aseguró, estaban relacionados con los hechos denunciados. No obstante, hasta ese momento no se había establecido públicamente qué contenía cada uno de esos archivos ni si podían respaldar las acusaciones.
Paralelamente, la Fiscalía adelanta indagaciones para determinar si existieron posibles irregularidades en la contratación de mujeres dentro de entidades del Gobierno nacional, incluido el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Gustavo Petro rechazó los señalamientos
Mientras las autoridades examinaban las denuncias, el expresidente Gustavo Petro ha rechazado públicamente las acusaciones relacionadas con su vida privada y con los presuntos intercambios de favores sexuales por contratos estatales.
En un comunicado, el exmandatario sostuvo:
“Nunca he cometido delitos en mi vida sexual (…) El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier humano en Colombia”.
La defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, también negó que se hubieran entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.
Carranza, quien además representaba a la exsenadora María José Pizarro frente a estos señalamientos, aseguró que buscaría demostrar la inocencia de sus defendidos.
“Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó el abogado.
Pizarro había sido mencionada por Jiménez en relación con una presunta vinculación a una Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso. La denunciante aseguró que la entonces congresista habría conocido las circunstancias de esa contratación.
Las acusaciones y las respuestas de las defensas formaban parte de un expediente en el que las autoridades todavía debían establecer qué hechos podían acreditarse mediante pruebas.
¿Qué sigue en el caso de Deicy Jiménez?
Con la renuncia de Andrés Felipe Caballero, la declaración programada para el 3 de noviembre quedó aplazada. La Fiscalía debía esperar a que Jiménez cuente con un nuevo abogado para establecer otra fecha y continuar con esa actuación.
El siguiente paso depende de que Deicy Jiménez consiga una nueva representación legal y pueda comparecer nuevamente ante la Fiscalía, mientras la justicia continúa su labor de determinar si existen pruebas suficientes para sustentar los hechos denunciados.
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