La Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella superó su trámite en el Congreso de la República durante la noche del martes 3 de noviembre de 2026. La decisión, tomada en Bogotá, abrió el camino a un nuevo modelo para tratar a los grupos armados ilegales en Colombia, con cambios frente a la política de paz total del anterior Gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa propuso reemplazar las negociaciones políticas con estas estructuras por un mecanismo en el que sus integrantes tendrían que someterse a la justicia bajo las condiciones fijadas por el Estado. Aunque el Congreso respaldó la propuesta, el proyecto todavía debía recibir la sanción presidencial para convertirse en ley.
Ley de Sometimiento: cómo fue aprobada en el Congreso
La jornada legislativa terminó con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, mientras que la Cámara de Representantes respaldó el proyecto con 95 votos positivos y 10 negativos. Ambas corporaciones aprobaron el mismo articulado, por lo que no fue necesario convocar una comisión de conciliación.
El trámite se desarrolló en medio de discusiones entre el oficialismo y la oposición, a pocas horas del vencimiento de la vigencia de la Ley 418 de 1997, previsto para el miércoles 4 de noviembre. Esta legislación había servido durante casi tres décadas como marco jurídico para distintas medidas de orden público y procesos relacionados con organizaciones armadas en el país.
Durante el debate también se introdujeron modificaciones a las condiciones para acceder a beneficios judiciales y a los mecanismos de financiación. Con la aprobación de estos ajustes, el Congreso dejó establecido el marco que el Gobierno buscaba aplicar para el sometimiento de las estructuras criminales.
¿Qué cambiaría para los grupos armados ilegales?
El principal cambio estuvo relacionado con la manera en que estas organizaciones podrían abandonar sus actividades delictivas. En lugar de acceder a mesas de negociación política, sus integrantes tendrían que manifestar su voluntad de someterse a la Constitución y a la justicia ordinaria.
Para iniciar ese procedimiento, las estructuras deberían identificar a sus integrantes, entregar las armas, abandonar las actividades ilegales y poner a disposición de las autoridades los bienes obtenidos mediante actividades criminales.
También tendrían que proporcionar información sobre su funcionamiento, fuentes de financiación, economías ilegales y posibles vínculos políticos o redes de corrupción. Estos aportes serían evaluados como parte de los compromisos necesarios para avanzar en el proceso.
La situación de las víctimas también quedó contemplada dentro del mecanismo. Los participantes deberían contribuir al esclarecimiento de los delitos, suministrar información sobre personas secuestradas o desaparecidas y colaborar con las medidas de reparación.
El procedimiento tendría dos etapas. La primera sería administrativa, coordinada por el Gobierno Nacional, mientras que la segunda correspondería a las autoridades judiciales, encargadas de establecer las responsabilidades individuales y determinar los beneficios que pudieran aplicarse.
Ley de Sometimiento: las rebajas de penas aprobadas
Uno de los aspectos que generó mayor discusión fue el tratamiento penal previsto para quienes decidieran abandonar las organizaciones criminales.
El texto aprobado contempló una reducción de hasta el 50 % de la pena para los integrantes de base, siempre que cumplieran los requisitos exigidos y realizaran aportes verificables a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Para los cabecillas y quienes ejercieran funciones de mando, el beneficio máximo sería del 30 %. En estos casos, la condena definitiva no podría ser inferior a diez años de prisión.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó durante el trámite legislativo que los beneficios dependerían del cumplimiento de los compromisos y de la información entregada a las autoridades, especialmente aquella que permitiera esclarecer hechos relacionados con personas desaparecidas y secuestradas.
El nuevo modelo tampoco contempló suspender órdenes de captura ni procedimientos de extradición. Quienes accedieran al tratamiento penal tendrían que cumplir las restricciones efectivas de libertad establecidas por las autoridades judiciales.
Además, el incumplimiento de las obligaciones podría provocar la pérdida de los beneficios concedidos.
Los reclutadores de menores no recibirían beneficios
Durante el debate en el Senado se incorporó una restricción específica para quienes hubieran reclutado niños, niñas y adolescentes.
El articulado excluyó del tratamiento penal diferenciado a las personas condenadas por reclutamiento de menores o responsables de vincular a menores de 18 años a organizaciones criminales.
El representante Daniel Briceño, uno de los defensores de la iniciativa, destacó esta condición después de la votación:
“Aquí ningún reclutador de menores tendrá ninguno de los beneficios que trae esta ley”.
También se endurecieron los requisitos relacionados con delitos como lavado de activos y testaferrato, al establecer una exigencia mínima de seis años de pena para acceder a determinados beneficios judiciales.
De la Espriella celebró el cambio y la oposición anunció demandas
Una vez conocida la aprobación, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión del Congreso y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su trabajo durante el trámite legislativo.
“La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó el mandatario, quien presentó el nuevo esquema como parte de un cambio frente a la política desarrollada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, el respaldo del Congreso no cerró la controversia. Desde la oposición se anunciaron acciones judiciales contra la iniciativa por presuntas irregularidades en su aprobación y cuestionamientos sobre algunas de sus disposiciones.
El congresista Gabriel Becerra aseguró que el proyecto había sido aprobado “a las carreras” y señaló posibles vicios de trámite. También cuestionó que el Gobierno buscara cerrar espacios de diálogo como alternativa para enfrentar la violencia.
Por su parte, la representante Mafe Carrascal expresó preocupación por las facultades relacionadas con la clasificación de organizaciones como terroristas. La congresista cuestionó cuáles serían los criterios y límites para adoptar estas decisiones.
Las críticas se sumaron a los reclamos que surgieron durante las sesiones de la Cámara de Representantes, donde algunos sectores denunciaron presuntas irregularidades en las votaciones. Estas acusaciones fueron rechazadas por el oficialismo.
¿Qué faltaba para que la Ley de Sometimiento entrara en vigor?
Después de superar las votaciones en ambas cámaras, el proyecto quedó pendiente de sanción presidencial, el paso necesario para avanzar hacia su entrada en vigor.
El Gobierno esperaba completar el procedimiento el miércoles 4 de noviembre, cuando estaba previsto el vencimiento de la vigencia del marco legal anterior.
A partir de ese momento, las autoridades tendrían que desarrollar los mecanismos previstos para recibir las solicitudes de sometimiento, verificar los compromisos y adelantar los procesos judiciales.
Mientras el Gobierno avanzaba hacia la sanción presidencial, la oposición mantenía su intención de acudir a la justicia para cuestionar la constitucionalidad y el procedimiento de aprobación de la iniciativa.
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