Acoso laboral judicial: destituyen a jueza del Cauca por maltrato a su equipo
Comisión de Disciplina Judicial sancionó a Verónica María Pedraza Piedrahita con diez años de inhabilidad
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca destituyó e inhabilitó por diez años a la jueza Verónica María Pedraza Piedrahita, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Bordo (Patía), tras comprobar actos de acoso laboral judicial y maltrato reiterado contra su equipo de trabajo.
Según la Sentencia No. 6-2025, la funcionaria incurrió en una falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, vulnerando la dignidad de los servidores judiciales a su cargo y afectando el ambiente institucional en la Rama Judicial del Cauca.
Sentencia por acoso laboral judicial en el Cauca
Denuncias y ambiente hostil en el despacho
El proceso disciplinario se originó por las denuncias de los funcionarios Luis Manuel Anacona Valencia y Luz Dary Ordóñez Samboní, quienes relataron un entorno de trabajo caracterizado por gritos, humillaciones y presiones indebidas.
Otros exservidores del juzgado también confirmaron los episodios de maltrato laboral en la Rama Judicial, evidenciando un patrón de comportamiento agresivo por parte de la jueza destituida.
Durante su gestión, al menos siete trabajadores renunciaron por afectaciones personales y emocionales. En los audios y documentos revisados por la Comisión, se registran expresiones despectivas que sustentaron la existencia de acoso laboral judicial.

Falta de empatía y desconocimiento institucional
El fallo también señala que Pedraza Piedrahita desatendió los lineamientos administrativos y de bioseguridad emitidos por la Rama Judicial durante la pandemia.
La jueza exigía la presencia física de su personal incluso ante incapacidades médicas o recomendaciones de trabajo remoto, lo que fue interpretado como un acto de abuso de autoridad.
Además, se documentaron retrasos en audiencias y trámites procesales, afectando la atención a los usuarios de la justicia en el municipio de Patía.

Investigación y decisión final
La investigación, iniciada en mayo de 2023, se extendió durante más de cuatro años debido a las apelaciones y recursos interpuestos por la defensa.
El magistrado ponente Javier Andrade González concluyó que no existían causales de nulidad ni prescripción y declaró responsable disciplinariamente a Pedraza en los términos de la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral) y el Código General Disciplinario.
La decisión fue firmada por los magistrados Héctor Fabio Calvache y Javier Andrade González, y aprobada el 6 de octubre de 2025 en Popayán.
La sanción incluye la destitución y una inhabilidad general por diez años para ejercer funciones públicas, constituyéndose en un precedente dentro del sistema judicial colombiano sobre la gravedad del acoso laboral judicial.
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