La amnistía del Palacio de Justicia reabre el choque entre memoria y perdón 40 años después
El expresidente Álvaro Uribe Vélez reabrió una de las heridas más profundas de Colombia al proponer una ley de amnistía para los militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. La iniciativa, presentada como un acto de reconciliación nacional, desató una fuerte controversia política y jurídica en el Congreso, justo en medio de los actos conmemorativos por los 40 años de la tragedia.
La propuesta ha sido interpretada por muchos como una nueva forma de amnistía del Palacio de Justicia, tema que vuelve a dividir al país entre la memoria y el perdón.
Una propuesta que divide al Congreso
Desde el Pacto Histórico, el representante Alirio Uribe calificó la iniciativa como una “ley de impunidad”, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya declaró responsable al Estado colombiano por las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la operación militar.
En contraste, el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, defendió la idea al afirmar que “los soldados que actuaron en defensa de la democracia merecen reconocimiento y no persecución”.
Mientras el uribismo impulsa una amnistía humanitaria que alivie la situación jurídica de los militares, los sectores de izquierda insisten en que el perdón sin verdad violaría los compromisos internacionales de Colombia y pondría en riesgo el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Entre la memoria, el perdón y la justicia
El debate sobre la amnistía Palacio de Justicia coincide con los 40 años de la tragedia que aún marca la historia nacional.
Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos advierten que amnistiar a los responsables sería un golpe a la memoria y la reparación.
“Perdonar no puede significar olvidar”, expresó una vocera del colectivo de familiares, que prepara actos conmemorativos este mes en Bogotá.
Una propuesta que despierta viejas heridas
Aunque el proyecto aún no ha sido radicado formalmente en el Congreso, juristas advierten que una ley de amnistía en Colombia de este tipo sería inconstitucional, dado que la CIDH prohíbe normas que generen impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.
Pese a las críticas, el uribismo insiste en que se trata de “un acto de justicia con los héroes de la patria”.
Cuatro décadas después, el Palacio de Justicia vuelve a ser el escenario simbólico de un país que busca equilibrio entre la memoria y el perdón, entre el dolor y la reconciliación.
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