La Defensoría del Pueblo puso cifras al panorama que recibe el nuevo Gobierno en Colombia. El 24 de agosto de 2026, la entidad presentó la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, un diagnóstico que reúne información oficial sobre salud, violencia armada, desplazamiento, reclutamiento, ambiente, ruralidad, sistema penitenciario y libertades democráticas.
Los datos dejan desafíos de gran dimensión: durante 2025 hubo más de 2 millones de reclamos relacionados con salud y 312.573 tutelas; permanecen vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales que comprenden 396 municipios; entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones; el desplazamiento forzado masivo ha afectado a casi 395.000 personas desde 2017 y la deforestación volvió a aumentar durante 2025.
La radiografía fue construida con información oficial y fuentes que la Defensoría considera de reconocida confiabilidad. Más que presentar una fotografía de un solo año, utiliza diferentes periodos de referencia para mostrar qué problemas permanecen abiertos y cuáles deberían convertirse en prioridades para las nuevas autoridades. El documento será, además, una línea base con la que la entidad hará seguimiento a la evolución de esos indicadores.
Defensoría del Pueblo pone el acceso a la salud entre las mayores alertas
Uno de los primeros indicadores críticos está en el sistema de salud. Durante 2025 se presentaron 2.048.427 reclamos relacionados con este derecho, mientras las tutelas llegaron a 312.573.
Para la Defensoría del Pueblo, las cifras muestran que tener cobertura no necesariamente significa poder acceder de manera efectiva a los servicios. Medicamentos, consultas, procedimientos y otras prestaciones terminan llegando a los jueces cuando los usuarios consideran que su derecho no está siendo garantizado.
La dimensión del problema se observa precisamente en la judicialización: más de 312.000 acciones de tutela en un solo año representan cientos de solicitudes diarias presentadas ante la justicia para reclamar atención en salud.
También aparecen dificultades en educación. Aunque la Defensoría reconoce que la deserción disminuyó frente a los niveles de 2022, la cobertura neta de educación básica y media pasó de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024, lo que muestra que el acceso al sistema educativo sigue siendo otro desafío.
A estas brechas se suma la situación penitenciaria. Los datos utilizados por la entidad muestran una sobrepoblación del 25,1 % en establecimientos de reclusión y del 101 % en centros de detención transitoria. Además, el 58,7 % de las personas detenidas en estos centros permanece allí durante tres meses o más. El informe cita información del Inpec con corte al 13 de julio de 2026.
396 municipios permanecen dentro de Alertas Tempranas
El segundo gran bloque de preocupación está relacionado con seguridad, conflicto armado y protección de la población civil.
A agosto de 2026 permanecían vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprendían 396 municipios y 15 territorios indígenas de los 32 departamentos del país.
La Defensoría advierte que la criminalidad organizada y el conflicto armado no desaparecieron, sino que continúan transformándose y fragmentándose. El diagnóstico territorial evidencia escenarios de actuación de estructuras armadas en cientos de municipios, mientras las comunidades continúan expuestas a amenazas, desplazamientos, confinamientos y otras formas de violencia.
A las formas tradicionales del conflicto se sumó una amenaza que tomó fuerza durante los últimos años: los drones cargados con explosivos.
Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría contabilizó 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados. Esos hechos dejaron 21 personas fallecidas y otras 145 heridas, convirtiéndose en una de las expresiones más visibles de la transformación tecnológica de la violencia armada.
Las masacres también permanecen dentro del diagnóstico. Entre 2019 y el 18 de julio de 2026 fueron registradas 651 masacres, con 2.380 víctimas.
Desplazamiento y reclutamiento siguen golpeando a la población civil
El desplazamiento forzado continúa mostrando la dimensión territorial del conflicto. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.
La afectación tampoco ha sido igual para todas las comunidades: en promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos, según la información consolidada por la Defensoría.
Los niños y adolescentes aparecen entre las poblaciones especialmente afectadas.
En materia de reclutamiento, fueron reportados 682 casos durante 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. La Defensoría hace una precisión importante sobre esa aparente reducción: no necesariamente significa que el fenómeno esté disminuyendo, debido a los riesgos, el temor y las dificultades existentes para denunciar los casos.
Otro indicador expone las consecuencias directas del conflicto sobre menores de edad. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 71 niñas, niños y adolescentes murieron en operativos militares. A estos casos se agregan menores fallecidos durante enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
La violencia también ha golpeado a quienes dejaron las armas. A mayo de 2026, más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz continuaban en proceso de reincorporación, mientras entre 2017 y 2026 fueron reportados 521 homicidios de firmantes.
Coca y deforestación se suman a las preocupaciones territoriales
El panorama ambiental y rural ofrece otra serie de indicadores que deberá enfrentar el país.
La radiografía registra que en 2024 Colombia alcanzó 261.386 hectáreas de cultivos de coca, el nivel más alto presentado en la serie incluida por la Defensoría. El indicador forma parte de un escenario en el que las economías ilícitas continúan relacionándose con disputas territoriales, presencia de estructuras armadas y riesgos para las comunidades.
En materia ambiental también hubo un retroceso reciente. Entre 2024 y 2025, la deforestación pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas.
Esto significa que en un año se deforestaron 5.875 hectáreas adicionales, equivalente a un crecimiento del 5,2 %. Durante 2025, además, la Amazonía colombiana concentró el 65 % de toda la deforestación registrada en el país.
La minería ilegal completa parte de esa preocupación ambiental. Entre 2023 y 2026, la Defensoría del Pueblo emitió 34 Alertas Tempranas en las que identificó esa actividad como una economía que genera riesgos para las comunidades y para quienes defienden los derechos humanos.
711 agresiones contra periodistas entre 2025 y julio de 2026
Las garantías para ejercer libertades democráticas también aparecen bajo observación.
Entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa, cuyas cifras recoge la Defensoría, registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas.
Entre 2020 y 2026 fueron asesinados 12 periodistas, dos de ellos durante 2026.
La situación es aún más amplia cuando se analiza a quienes defienden derechos humanos. Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos humanos, según la radiografía.
Otro indicador que aumentó fue el de los conflictos sociales manifiestos. Estos pasaron de 1.426 eventos en 2022 a 4.039 durante 2025. La Defensoría aclara que las movilizaciones y expresiones sociales constituyen ejercicios legítimos de los derechos de reunión, expresión y manifestación; la cifra evidencia principalmente el reto que existe para fortalecer las capacidades institucionales de diálogo y respuesta.
La excepción entre las alertas: la pobreza sí disminuyó
Aunque gran parte de los indicadores expuestos por la Defensoría del Pueblo muestran problemas persistentes o deterioros en determinadas áreas, la radiografía también registra avances que permiten dimensionar el panorama completo.
Uno de los más importantes está en la pobreza monetaria.
Según la serie del DANE incorporada en el informe, en 2022 el 36,6 % de la población se encontraba en pobreza monetaria. Para 2025, el indicador se había reducido al 28 %.
En tres años la pobreza monetaria disminuyó, por tanto, 8,6 puntos porcentuales. Si se amplía la comparación hasta 2020, cuando había alcanzado el 43,1 %, la reducción acumulada hasta 2025 es de 15,1 puntos porcentuales.
Sin embargo, la propia radiografía advierte que los avances no ocurrieron de la misma manera en todos los territorios. Entre 2022 y 2025, por ejemplo, la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales bajó de 26,8 % a 18,1 %, mientras en centros poblados y zonas rurales dispersas apenas pasó de 32,5 % a 31,4 %.
Esa diferencia resume una de las principales conclusiones que deja la Defensoría del Pueblo al nuevo Gobierno: Colombia presenta indicadores que han mejorado, pero mantiene profundas brechas territoriales y problemas abiertos en salud, seguridad, protección de la población civil, ambiente y garantías democráticas. La radiografía presentada en agosto de 2026 será ahora el punto de referencia para medir si esas cifras comienzan a cambiar.
Te puede interesar: Aida Quilcué enfrenta demanda por presunta doble militancia
