“La coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, Coccam, informa a la opinión pública que tropas del batallón Pichincha de la ciudad de Cali y la Fuerza de despliegue rápido Fudra No. hacen presencia en el municipio de Suárez, Cauca, realizando operaciones que viola los derechos humanos de forma sistemática, atentando contra la contra la población civil y los bienes privados en diferentes veredas del municipio”, denunció dicha organización social.

También, alertaron que al parecer los militares actuaron de forma irregular en bienes civiles por eso la comunidad buscará una reunión con las comunidades de la zona para denunciar estas situaciones.

“(…) Son responsables de colocar en riesgo la vida de una persona adulta mayor que se encontraba en una habitación de la casa que resultó incinerada con la quema de un combustible a menos de 3 metros de distancia de la vivienda”, agregaron los integrantes de esta organización social.

El pronunciamiento surgió luego que se conocieran videos de la forma como los militares fueron rodeados y expulsados de la zona por la comunidad de la zona, la cual exige el cumplimiento de los acuerdos de paz para superar estos choques con la fuerza pública.
Después,  el Comando Específico del Cauca señaló, mediante un comunicado de prensa, que uniformados del batallón nombrado por los pobladores sostuvieron combates con disidentes de la estructura Jaime Martínez de las Farc.

“En ese sitio fue destruido un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, pero cuando las tropas fueron extraídas, “fueron rodeadas por personas que dicen pertenecer al Resguardo Indígena de Las Delicias”, reza el comunicado.
De igual forma el Ejército denunció que hubo una agresión al personal militar pues intentaron apoderarse del armamento de dotación, al tiempo que fueron presionados para desplazarse hasta el coliseo de la vereda Santa Bárbara.

De igual forma, los habitantes de la zona grabaron un video, en el que muestra a los uniformados en una cancha, y afirma que no están retenidos ni reciben malos tratos.
La Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal buscaron mediar en la situación para resolver el problema y recibir a los 37 militares.