El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admite una preocupante realidad en el balance de seguridad del país, tras dos años de gestión bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
En una reciente intervención, Velásquez reconoció el retroceso en el control territorial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, destacando un incremento en la actividad de grupos armados ilegales.
“Es una realidad”, subrayó Velásquez. “También se han producido retrocesos en el control ilegal de territorios. Lo que pretendemos es dar una respuesta desde el accionar de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizando una revisión vereda por vereda para recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio.”
Cifras alarmantes en extorsiones
El reconocimiento del ministro llega en un contexto de creciente preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad en varias regiones del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno, se han reportado cifras alarmantes en delitos como la extorsión y el secuestro.
Según Velásquez, los casos de extorsión han crecido un 29% y los secuestros un 70% en los últimos dos años, aunque los homicidios han registrado una leve disminución del 1,7%.
En regiones como Caquetá, la situación es particularmente grave. Los habitantes reportan una escalada en las extorsiones por parte de grupos armados que utilizan métodos cada vez más sofisticados, incluidos drones y vehículos.
Un ganadero de la zona, víctima de extorsión, manifestó su desesperación: “Estamos viendo esta gente que se está desplazando de un lugar a otro, uniformados con armamento, motocicletas, vehículos. Muchos hemos tenido que abandonar nuestras tierras por miedo a perder la vida.”
Necesidad urgente de nuevas estrategias
El ministro de Defensa también admite que el incremento en la presencia y actividad de estos grupos ha sido evidente, aunque no proporcionó cifras exactas sobre el aumento de efectivos en estos grupos ilegales.
El balance presentado pone de relieve la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y garantizar el control estatal en las regiones más afectadas.
La administración actual se enfrenta al desafío de revertir esta situación y ofrecer una respuesta efectiva para recuperar la estabilidad en el país.
