Ministro confirma consulta por asamblea nacional constituyente
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó este martes que en marzo de 2026 se realizará una consulta popular. En la que los colombianos deberán responder “sí” o “no” a la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.
Tal como se había anunciado, la iniciativa busca abrir el camino para un rediseño del país desde sus fundamentos constitucionales.
¡YA HAY FECHA!
En las elecciones de marzo de 2026, Colombia podrá decir SÍ o NO a una Asamblea Nacional Constituyente. Así lo confirmó el Ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre.
¡Necesitamos una nueva Constitución para garantizar Justicia Social para todas y todos los… pic.twitter.com/x5iLFtEQXu
— Maicol Cajamarca (@maicajamarca_) June 25, 2025
¿Por qué una asamblea nacional constituyente?
Además, durante su intervención, Montealegre explicó que la actual Constitución Política de 1991 no ha permitido materializar las transformaciones sociales que, a su juicio, requiere el país.
Sin embargo, el ministro señaló que la propuesta apunta a realizar los “rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social”.
Así mismo, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que el proceso se desarrollará de manera ordenada. Respetando el Estado de derecho.
“Es un hecho político dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”, enfatizó.
El proceso y su alcance
Igualmente, la consulta popular permitirá que toda la ciudadanía decida sobre la conformación de la asamblea nacional constituyente. La cual tendría la responsabilidad de proponer un nuevo marco jurídico que impulse los cambios necesarios para el desarrollo nacional.
Según Montealegre, la propuesta representa una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno actual en materia de transformación del Estado.
En consecuencia, el ministro insistió en que Colombia necesita una nueva Carta Política que garantice los cambios que, en más de tres décadas, no se han logrado implementar con la Constitución vigente.
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