Congresistas con aumento salarial 2025: así impacta el presupuesto nacional
El aumento salarial congresistas 2025 quedó oficializado tras la expedición del Decreto 1092 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y la directora de Función Pública, Mariela del Socorro Barragán.
Con este ajuste del 7%, los sueldo congresistas Colombia pasarán de $48.142.046 a más de $52 millones mensuales, aplicable de forma retroactiva desde enero de 2025, según certificación de la Contraloría General de la República.
Decreto 1092 de 2025 aumento salarial congresistas
Un aumento con impacto en el presupuesto 2025
El decreto ordena a las Oficinas de Pagaduría de la Cámara y el Senado expedir certificaciones de los nuevos emolumentos y registrar los pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
Esto significa que el incremento salarial Congreso ejercerá una presión adicional sobre el presupuesto nacional 2025, debido a los pagos retroactivos correspondientes a los primeros nueve meses del año. Analistas advierten que esta medida representará miles de millones de pesos adicionales en gasto público.
Marco legal y fundamento del reajuste
El aumento salarial congresistas 2025 se realiza en cumplimiento del artículo 187 de la Constitución Política, la Ley 4ª de 1992 y la Ley 644 de 2001. Estas normas establecen que la remuneración de los congresistas debe actualizarse anualmente con base en el promedio de incremento de los servidores públicos de la administración central.
La Contraloría certificó el 7% de aumento el 16 de junio de 2025, lo que permitió la emisión del Decreto 1092 de 2025.
Contexto político y reacciones
El reajuste llega en plena preparación de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, por lo que los nuevos congresistas iniciarán su periodo con el salario actualizado.
Aunque el Gobierno defiende la medida como un ajuste técnico y legal, diversos sectores ciudadanos consideran que el aumento salarial congresistas 2025 es desproporcionado frente al salario mínimo, fijado en $1.423.000 para este año.
Desde el Ejecutivo, se insiste en que el incremento busca mantener la equidad salarial dentro del sector público, y que responde a la política general de remuneraciones del Estado.
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