Después de 36 años de relación contractual, el Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella decidió no renovar el acuerdo mediante el cual Fiduprevisora administraba los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La decisión, anunciada el 30 de octubre de 2026, puso fin a un contrato que había permanecido vigente desde 1990 y abrió un proceso de reorganización que involucró la atención médica y las prestaciones económicas de los docentes colombianos.
Sin embargo, el vencimiento del contrato no significó que Fiduprevisora dejara de participar inmediatamente en el funcionamiento del Fondo. Aunque la relación contractual terminó el 31 de octubre, la entidad quedó vinculada a un periodo de transición durante el cual deberá cumplir determinadas responsabilidades mientras el Gobierno define quién asumirá la administración de los recursos.
La medida surgió después de una revisión que reveló dificultades financieras, problemas en la atención en salud y retrasos en pagos. Para comprender el alcance de la decisión, también fue necesario distinguir las funciones de las entidades involucradas, pues el FOMAG y Fiduprevisora no son la misma institución ni cumplen exactamente el mismo papel.
FOMAG Fiduprevisora: ¿qué son y por qué estaban vinculados?
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es el mecanismo creado por el Estado colombiano mediante la Ley 91 de 1989 para atender las obligaciones relacionadas con la seguridad social de los docentes afiliados al sistema.
A través de este Fondo se administran recursos destinados a garantizar derechos como la atención médica, las pensiones, las cesantías y otras prestaciones económicas de los maestros y sus beneficiarios. Su funcionamiento tiene alcance nacional, por lo que las decisiones sobre su administración involucran a docentes de diferentes departamentos de Colombia.
Por su parte, Fiduprevisora S. A. es una sociedad fiduciaria, es decir, una entidad especializada en administrar recursos y patrimonios de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos que suscribe.
En el caso del magisterio, Fiduprevisora había sido la encargada de administrar los recursos del FOMAG mediante el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990.
Esto significa que el FOMAG era el Fondo destinado a respaldar los derechos de los docentes, mientras Fiduprevisora actuaba como la entidad responsable de administrar sus recursos en virtud del contrato.
¿Por qué el Gobierno decidió terminar el contrato de 36 años?
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Educación Nacional el 30 de octubre, después de una revisión jurídica, financiera, técnica y operativa de la administración del Fondo.
Uno de los principales hallazgos fue un patrimonio negativo de $3,198 billones, con corte a junio de 2026. Según el Ministerio, esta situación exigía examinar con mayor profundidad las condiciones en las que habían sido administrados los recursos del magisterio.
La revisión también identificó dificultades en el acceso a los servicios médicos, retrasos en pagos a instituciones prestadoras de salud y reclamaciones de docentes que habían acudido a acciones judiciales para exigir atención.
El Ministerio examinó el contrato firmado en 1990 y sus 43 otrosíes, documentos mediante los cuales se habían introducido modificaciones a lo largo de su vigencia.
Además, revisó informes de supervisión, pronunciamientos de entidades de control y antecedentes jurídicos, entre ellos el Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado, que había señalado la necesidad de terminar el contrato y adelantar una licitación pública para seleccionar al fiduciario.
La evaluación no se limitó a documentos administrativos. El Ministerio también sostuvo reuniones con representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), organización sindical que representa a docentes del país y que cuenta con delegados ante el Consejo Directivo del FOMAG.
Uno de los episodios considerados durante la revisión ocurrió el 23 de octubre en Medellín, Antioquia, cuando la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, visitó una sede del Fondo.
Según el reporte oficial, durante esa visita constató barreras para acceder a los servicios, numerosas tutelas y pagos pendientes a los prestadores de salud. Tras analizar estos antecedentes, el Gobierno decidió no continuar con las prórrogas del contrato.
La ministra Hoyos explicó que la determinación buscaba atender las dificultades identificadas:
“Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato”.
Aunque el contrato llegó a su vencimiento, todavía quedaba por resolver cómo se mantendrían los servicios mientras se organizaba un nuevo esquema de administración.
FOMAG Fiduprevisora: ¿qué cambiará para los maestros?
La principal preocupación de los docentes y sus familias estuvo relacionada con la continuidad de la atención médica y el reconocimiento de sus prestaciones económicas.
El Ministerio de Educación anunció que la terminación del contrato no debía afectar los tratamientos médicos, la entrega de medicamentos, las consultas ni los procedimientos que necesitaran los afiliados.
También aseguró que se mantendrían los trámites relacionados con pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas.
En términos prácticos, el vencimiento del contrato no implicó que los maestros perdieran automáticamente sus derechos o que tuvieran que comenzar nuevamente sus procesos médicos.
La ministra Hoyos aseguró:
“La no prórroga del contrato no significa en ningún caso, la afectación de los servicios de salud. Nos comprometemos con todos los colombianos, con los maestros y sus familias a asegurarles que en el proceso de transición que se inicia el 1 de noviembre tendrán garantizados sus derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías”.
Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio informó que desde el 1 de noviembre se mantenía en funcionamiento el 100 % de las oficinas del FOMAG.
También inició una revisión de los prestadores de servicios médicos, teniendo en cuenta sus condiciones de calidad y disponibilidad.
En este proceso participaron las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son las entidades encargadas de atender directamente a los pacientes mediante consultas, procedimientos y otros servicios médicos.
De esta manera, mientras el FOMAG continuaría respaldando las obligaciones del magisterio, las IPS seguirían siendo parte de la red encargada de prestar los servicios de salud.
¿Por qué Fiduprevisora seguirá vinculada al FOMAG si terminó el contrato?
Esta fue una de las principales particularidades de la decisión: aunque el contrato de 36 años venció el 31 de octubre, el Gobierno estableció un periodo de transición que comenzó el 1 de noviembre de 2026.
La etapa tendrá una duración inicial de un año y podrá extenderse por otros doce meses.
Durante ese tiempo, Fiduprevisora deberá continuar atendiendo las responsabilidades que le correspondan en la operación del Fondo y en las actividades necesarias para realizar el cambio administrativo, conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables.
Esto permitió establecer una diferencia entre terminar un contrato y completar el reemplazo de su administrador. La primera decisión ya había sido adoptada, mientras que la segunda requerirá un proceso de contratación y organización.
Para desarrollar esta etapa, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades.
Al mismo tiempo, anunció que adelantaría los estudios necesarios para estructurar una licitación pública, mediante la cual se seleccionará a la entidad que asumirá la administración de los recursos del FOMAG.
En este caso, el proceso deberá cumplir las disposiciones de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y las normas de contratación estatal.
El Gobierno también solicitó recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para respaldar la operación durante la transición y promovió la coordinación con las entidades prestadoras de salud.
Auditoría forense al FOMAG: ¿qué ocurrió con los recursos de los maestros?
La decisión del Gobierno también estuvo acompañada de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos durante las últimas décadas.
El presidente Abelardo de La Espriella anunció una auditoría forense para examinar la administración del Fondo, la ejecución del contrato fiduciario y los procesos de contratación relacionados con su funcionamiento.
En un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó la permanencia del contrato y afirmó:
“Mi Gobierno tomó una decisión histórica: NO PRORROGAR EL CONTRATO DEL FOMAG CON FIDUPREVISORA, después de 36 años y 43 otrosíes”.
¡SE ACABÓ EL FESTÍN CON LOS RECURSOS DE LOS MAESTROS DE COLOMBIA!
¡36 AÑOS SON SUFICIENTES! ¡NO MÁS OPACIDAD, NO MÁS DESPILFARRO Y NI UN PESO MÁS PARA LA CORRUPCIÓN!
Mi Gobierno tomó una decisión histórica: NO PRORROGAR EL CONTRATO DEL FOMAG CON FIDUPREVISORA, después de 36 años y 43 otrosíes.
¡SE ACABÓ LA ALCAGÜETERÍA!
Encontramos un Fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3.1 billones de pesos, graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho.
Y voy a decir algo que durante años se ha denunciado y que debe investigarse hasta las últimas consecuencias: EL REPARTO POLÍTICO DEL FOMAG Y LA EXISTENCIA DE CUOTAS MILLONARIAS QUE HABRÍAN BENEFICIADO A POLÍTICOS, ABOGADOS Y A QUIENES RESPALDABAN LOS NOMBRAMIENTOS EN POSICIONES DE PODER EN LA ENTIDAD.
Esas denuncias no pueden seguir sin respuestas. Si hubo políticos, abogados, funcionarios o contratistas que utilizaron los recursos de los maestros para pagar favores y alimentar redes clientelistas, tendrán que responder ante la justicia, caiga quien caiga.
¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARON LAS CUOTAS POLÍTICAS, LOS FAVORES Y LOS NEGOCIOS CON LOS RECURSOS DEL MAGISTERIO!
¿Quién responde por semejante desastre? ¿Quién permitió que esto sucediera? ¿Quién vigilaba los recursos? ¿Quiénes se beneficiaron?
He dispuesto una auditoría forense para esclarecer qué ocurrió con los recursos, identificar irregularidades y establecer responsabilidades. Los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
¡LOS RECURSOS DE LOS MAESTROS SON SAGRADOS! NO SON EL BOTÍN DE LOS POLÍTICOS, LOS ABOGADOS, LOS CONTRATISTAS NI LOS BURÓCRATAS.
Garantizaremos la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones del magisterio mientras adelantamos una transición transparente hacia un nuevo esquema de administración.
¡EL ESTADO NO PUEDE SEGUIR SIENDO UNA CAJA MENOR DE INTERESES PARTICULARES!
¡EL QUE SE ROBE UN PESO DE LOS COLOMBIANOS TENDRÁ QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!
¡Bienvenidos a la Patria Milagro!
¡Firme por la Patria!
¡Que viva Cristo Rey!
(A.D.L.E) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 3, 2026
De La Espriella también denunció posibles prácticas de reparto político, cuotas millonarias y beneficios indebidos que habrían favorecido a personas relacionadas con nombramientos y decisiones dentro de la entidad.
La auditoría anunciada tendrá precisamente el propósito de esclarecer si existieron irregularidades, examinar la administración de los recursos y aportar información a los organismos competentes.
El Ministerio de Educación informó que los hallazgos de su revisión fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
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