El dolor que hoy vive el departamento del Tolima por el atentado ocurrido en Planadas merece toda la solidaridad de los colombianos. Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de apenas dos meses, mientras numerosas familias quedaron marcadas por la violencia. Nada justifica semejante barbarie. Sin embargo, tampoco puede justificarse que, en medio de una tragedia de esta magnitud, se hagan declaraciones que puedan terminar alimentando prejuicios contra otra región del país.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió este martes 3 de noviembre de 2026, durante una entrevista con Blu Radio, a los responsables del atentado ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre. La mandataria señaló que, presuntamente, detrás del ataque estaría el frente Jerónimo Galeano, una estructura armada ilegal a la que atribuyó actividades relacionadas con la extorsión, el reclutamiento de menores y el control de economías ilícitas.
Durante su intervención, la gobernadora hizo una afirmación que merece especial atención desde nuestro departamento:
“Estos son terroristas que han llegado de otros departamentos, especialmente del departamento del Cauca y de otras zonas sin ningún arraigo con el departamento del Tolima”.
Es necesario precisar que sus palabras estuvieron dirigidas a integrantes de organizaciones criminales y no a la población caucana en general. Sin embargo, mencionar de manera particular al Cauca, sin explicar públicamente durante esa entrevista qué elementos permiten establecer la procedencia de esos integrantes, abre un cuestionamiento legítimo sobre la responsabilidad que deben tener las autoridades al referirse a territorios históricamente afectados por la violencia.
Gobernadora del Tolima: el riesgo de estigmatizar al Cauca
Gobernadora Matiz, el Cauca no es una fábrica de delincuentes ni sus habitantes tienen por qué cargar con el estigma de la violencia que golpea a Colombia. Somos un departamento que también ha enterrado a sus muertos, que ha visto comunidades desplazadas, comerciantes extorsionados, campesinos amenazados y familias enteras sometidas al miedo por cuenta de los grupos armados.
Resulta preocupante que una mandataria departamental, con la responsabilidad institucional que representa su cargo, utilice referencias geográficas que pueden reforzar una imagen negativa de otra región. Los grupos criminales no representan a los caucanos, así como tampoco representan a los tolimenses, a los huilenses o a los habitantes de cualquier otro departamento donde actúen. Una cosa es identificar la procedencia de integrantes de una estructura ilegal y otra muy distinta es permitir que el nombre de un territorio termine asociado de manera generalizada con sus delitos.
Aquí nadie pretende defender a las disidencias de las Farc ni minimizar el horror que dejaron los explosivos en Planadas. Todo lo contrario. Los responsables deben ser identificados, perseguidos y llevados ante la justicia. Pero esa tarea exige inteligencia, investigaciones, pruebas y coordinación entre las autoridades, no declaraciones que puedan interpretarse como señalamientos regionales.
Si la gobernadora del Tolima cuenta con información de inteligencia que permite establecer que integrantes de las estructuras responsables llegaron desde el Cauca, corresponde que esos elementos sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Y si existen datos que puedan hacerse públicos sin comprometer las investigaciones, sería pertinente que los ciudadanos conocieran el fundamento de esa afirmación.
Mientras tanto, las preguntas más importantes siguen siendo otras: ¿cómo ingresaron los explosivos?, ¿qué falló en los mecanismos de prevención?, ¿qué alertas existían y qué medidas se adoptaron para proteger a la población? Son interrogantes que merecen respuestas claras, porque detrás de cada uno hay familias que hoy enfrentan las consecuencias de un ataque que nunca debió ocurrir.
La seguridad de los tolimenses es una responsabilidad compartida entre las autoridades nacionales, departamentales y locales, cada una dentro de sus competencias. Por eso, más que concentrar la discusión en las fronteras administrativas de donde presuntamente provienen los integrantes de estas organizaciones, resulta necesario establecer cómo operan, quiénes las financian, qué permite su expansión y qué acciones deben adoptarse para impedir que hechos tan graves vuelvan a repetirse.
El Cauca también es víctima de la violencia
El Cauca conoce demasiado bien las consecuencias del conflicto armado. Durante décadas, sus comunidades han tenido que soportar el accionar de organizaciones ilegales que disputan territorios, economías y corredores estratégicos. Convertir el nombre de este departamento en una referencia recurrente de criminalidad desconoce a millones de personas honestas que trabajan diariamente por salir adelante y que, en muchos casos, también son víctimas de quienes ejercen la violencia.
No podemos permitir que la presencia de grupos armados termine definiendo la identidad de una región. El Cauca es mucho más que sus problemas de seguridad. Es su gente, sus comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sus comerciantes, sus estudiantes y las familias que, pese a las dificultades, continúan construyendo su futuro. Ninguno de ellos merece ser confundido con las estructuras criminales que han causado tanto sufrimiento en el territorio.
Gobernadora Matiz, señalar a los criminales es parte de su responsabilidad; procurar que sus declaraciones no contribuyan a estigmatizar a una región también debería serlo. La firmeza contra la delincuencia no se demuestra destacando de dónde supuestamente vienen sus integrantes, sino contribuyendo a que sean identificados, capturados, judicializados y a que sus organizaciones sean desmanteladas.
Desde Meridiano Regional expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de Planadas y con todas las familias del Tolima que hoy sufren las consecuencias de este atentado. El dolor de quienes perdieron a sus seres queridos merece respeto y acompañamiento. Pero esa solidaridad no significa guardar silencio frente a declaraciones que consideramos necesario examinar y que merecen una explicación pública.
El Cauca no necesita que lo defiendan de sus propios problemas. Necesita que quienes gobiernan otras regiones comprendan que sus habitantes también han sufrido la violencia y que no pueden cargar colectivamente con la responsabilidad de los delitos cometidos por organizaciones ilegales.
Porque los criminales tienen responsabilidades individuales y sus organizaciones deben responder ante la justicia. Pero ningún departamento de Colombia merece convertirse en sinónimo de delincuencia.
El Cauca también es víctima de la violencia, no su representante.
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