viernes, 31 julio 2026

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    Espionaje con Pegasus: ministro de Justicia denuncia

    Espionaje con Pegasus habría buscado frenar investigaciones por corrupción

    El espionaje con Pegasus vuelve a sacudir al Gobierno nacional. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció públicamente que él y su familia fueron víctimas de interceptaciones ilegales mediante el software espía Pegasus, una herramienta de vigilancia de alto nivel que solo puede ser utilizada por entidades estatales.

    Según el funcionario, un informe forense independiente confirmó el uso ilegal de Pegasus para infiltrar su teléfono celular entre los meses de agosto y noviembre de 2025, periodo en el cual se extrajo información privada sensible, incluidas denuncias de corrupción y datos de fuentes protegidas.

    “Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. Esto no es un hecho aislado, es una persecución contra quien investiga corrupción”, afirmó Idárraga.

    Más de 8.700 infiltraciones y activaciones ilegales de cámara y micrófono

    De acuerdo con la denuncia, durante el periodo de espionaje se habrían registrado más de 8.700 infiltraciones al dispositivo móvil del ministro de Justicia, con al menos 124 activaciones ilegales de la cámara y el micrófono, lo que representa una grave vulneración a la intimidad, la seguridad personal y el ejercicio de funciones públicas.

    El informe también señala que fueron extraídos 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo comunicaciones reservadas y documentos relacionados con investigaciones por corrupción al interior de las Fuerzas Militares, lo que refuerza la hipótesis de que el espionaje con Pegasus buscaba neutralizar su labor anticorrupción.

    Idárraga aseguró que, paralelamente, se estaría estructurando una campaña de desprestigio en su contra, presuntamente alimentada con información obtenida de manera ilegal.

    Señalamientos al Ministerio de Defensa y contrainteligencia del Ejército

    Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército, lo que, de confirmarse, configuraría un grave abuso de poder y un uso ilegal de capacidades de inteligencia del Estado.

    “El espionaje no puede ser usado para perseguir a quienes denuncian corrupción. La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías”, manifestó el ministro de Justicia (e).

    El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la posible afectación de derechos fundamentales y garantías democráticas.

    Respuesta del ministro de Defensa Pedro Sánchez

    Tras conocerse la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como “extremadamente graves” y aseguró que no existe ninguna directriz institucional para espiar ilegalmente a funcionarios del Gobierno.

    Sánchez anunció la convocatoria inmediata de una Junta de Inteligencia Conjunta, con el objetivo de revisar los procedimientos, colaborar con los organismos de control y poner a disposición de la Fiscalía toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

    “El Ministerio de Defensa brindará todo el apoyo institucional para que este caso se investigue con total transparencia. Cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser sancionado”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa, quien también expresó respaldo al ministro Idárraga.

    Un nuevo capítulo del debate sobre Pegasus en Colombia

    El espionaje con Pegasus en Colombia ha sido motivo de controversia en los últimos años, debido a denuncias previas sobre interceptaciones ilegales a periodistas, opositores y funcionarios públicos. Este nuevo caso revive el debate sobre el control civil de los organismos de inteligencia, el uso de gastos reservados y la protección de los denunciantes de corrupción.

    Mientras avanzan las investigaciones, el caso se convierte en uno de los episodios más delicados para el Gobierno en materia de derechos humanos, transparencia y límites del poder estatal.

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    Estefany Arana
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