La creciente crisis humanitaria que afecta al Catatumbo, Norte de Santander, es provocada por el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió varias órdenes urgentes dirigidas a las entidades del Estado.
Estos tienen como objetivo proteger la integridad de los excombatientes de las extintas Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
Cifras alarmantes
Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, personas han sido asesinadas y desplazadas en la región. Abogados de los excombatientes denunciaron que, entre el 15 y el 22 de enero, seis firmantes del Acuerdo Final de Paz fueron asesinados. También se reportan desplazamientos forzados y la retención ilegal de al menos 30 civiles, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz.
En respuesta a esta situación, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa garantizar de manera inmediata la extracción de 124 firmantes del acuerdo en la zona del Catatumbo. También se solicitó mantener los anillos de seguridad en los AETCR de Caño Indio y el NAR de Tibú. El Ministerio debe presentar un informe detallado sobre las acciones implementadas para proteger a los excombatientes en un plazo de 10 días.
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, debe diseñar y ejecutar un plan para localizar al menos a 12 firmantes desaparecidos debido a la crisis humanitaria.
🚨ATENCIÓN: La JEP ordena al @mindefensa trasladar del Catatumbo a 124 firmantes de paz de las extintas Farc-EP que están en riesgo por acciones del ELN.
Asimismo, dicta otras medidas para proteger sus derechos y los de otros firmantes de paz.
Va hilo.…
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 24, 2025
Medidas cautelares colectivas desde 2020
Desde 2020, la JEP adoptó medidas cautelares colectivas orientadas a proteger los derechos fundamentales de los excombatientes. Estas incluyen su vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.
La JEP también ordenó a la Fiscalía presentar un informe detallado sobre las acciones investigativas relacionadas con la criminalidad en la región. Además, se le solicitó diseñar un plan para recoger denuncias de los excombatientes y sus familias víctimas de homicidios y desapariciones forzadas.
El Ministerio del Interior, junto con las autoridades locales de Norte de Santander, debe implementar un plan de atención humanitaria. Este plan debe incluir el desarrollo de estrategias para prevenir la violencia de género en los refugios de los excombatientes. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización debe garantizar el desembolso de seguros funerarios y renta básica para las víctimas de homicidio y los firmantes en la región.
Finalmente, la JEP instó al Ministerio Público, compuesto por las Personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, a diseñar un plan de acción urgente para los excombatientes. Este plan tiene como objetivo tomar atención en sus declaraciones y activar las rutas correspondientes.
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