Gobierno radica proyecto para otorgar funciones de Policía judicial Armada
Procedimiento Especial de Interdicción Marítima busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley que permitirá otorgar funciones de policía judicial a la Armada en casos específicos de interdicción marítima. La iniciativa busca reforzar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la pesca ilegal y la piratería en aguas colombianas, delitos que se han intensificado en el Pacífico y el Caribe.
Procedimiento Especial de Interdicción Marítima
El proyecto, denominado Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, establece que la Armada podrá detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones sorprendidas en flagrancia. Con ello se busca cerrar vacíos legales que dificultaban la judicialización de capturados en altamar.
Un punto clave de la propuesta es que las 36 horas legales para poner a disposición de la justicia a los detenidos empezarán a contarse desde la entrega de la embarcación en tierra firme y no desde la captura en el mar. Este cambio permitirá que la Armada continúe sus operaciones sin poner en riesgo misiones en curso.
#AEstaHora | Desde el Capitolio Nacional, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el @MinDefensa, @PedroSanchezCol radican el proyecto de ley que crea un novedoso Procedimiento Especial de Interdicción Marítima.
De ser aprobado, será clave para frenar delitos en aguas… pic.twitter.com/CLuIBmBGYn— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) August 19, 2025
Respaldo judicial y audiencias virtuales
Otro de los aspectos destacados es el uso de tecnología y audiencias virtuales desde las unidades navales, lo que garantizará un respaldo judicial inmediato a las operaciones. De esta manera se asegura el derecho a la defensa de los capturados y se evitan suspensiones de misiones estratégicas.
Declaraciones del ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró que esta medida no implica que la Fuerza Pública asuma funciones generales de policía judicial, ya que estas corresponden a las autoridades competentes cuando se trata de delitos cometidos por civiles.
“Se trata de casos especiales de flagrancia en el mar. La Armada podrá recoger evidencias, entregarlas a la Fiscalía y estas tendrán plena validez dentro del proceso penal”, explicó Montealegre, al resaltar que el objetivo es dotar al Estado de herramientas legales eficaces para enfrentar el crimen organizado en el mar.
Blindaje jurídico contra el narcotráfico marítimo
Con esta propuesta, el Gobierno busca blindar jurídicamente las operaciones de la Armada Nacional, reducir la impunidad y fortalecer el control marítimo. La iniciativa responde a la necesidad de combatir el narcotráfico marítimo, así como otros delitos transnacionales que afectan la seguridad y soberanía nacional.
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