El lunes 3 de marzo, las autoridades capturaron en la ciudad de Cali a William Ernesto Peñaranda Oliveros, concejal del municipio de El Charco, Nariño. El detenido también fue alcalde del mismo municipio entre 2008 y 2011. Peñaranda enfrenta cargos por el delito de concierto para delinquir agravado. La captura ha generado controversia porque el concejal era beneficiario de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lo que ha levantado interrogantes sobre el uso adecuado de las medidas de seguridad que la UNP le otorgó.
Medidas de protección mal utilizadas por el concejal
Peñaranda recibió las medidas de protección de la UNP debido a un atentado que sufrió en el pasado y a otros incidentes que aumentaron su nivel de riesgo. La UNP le otorgó un esquema de seguridad para salvaguardar su vida e integridad. Sin embargo, según los primeros informes de la investigación. El concejal utilizó los recursos asignados por la UNP para actividades ilícitas. Este hecho ha generado una gran preocupación dentro de la entidad. Que lamenta profundamente el uso indebido de los recursos destinados para la protección de personas en riesgo.
La Unidad Nacional de Protección expresó su preocupación por el hecho de que las medidas de protección se hayan utilizado con fines distintos a los de proteger a quienes las requieren. A través de un comunicado, la UNP hizo un llamado a las autoridades competentes y a la ciudadanía en general. Solicitando su colaboración para denunciar cualquier mal uso de las medidas de protección que se otorguen. La entidad considera que este tipo de hechos socava la efectividad de los programas de protección y pone en peligro los recursos destinados para ese fin.
Capturado en Cali beneficiario de la UNP. Se trata de William Ernesto Peñaranda Oliveros, concejal de El Charco, Nariño.
UNP pide colaboración de autoridades y ciudadanía en la denuncia de mal uso de medidas de protección. pic.twitter.com/HMDJQ6SRM3
— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) March 5, 2025
Denuncias para evitar el despilfarro de recursos públicos
La UNP también destacó que situaciones como la que involucra a Peñaranda no solo ponen en riesgo la vida de las personas protegidas. Sino que también desperdician los recursos públicos que se destinan para garantizar la seguridad de aquellos que realmente lo necesitan. La entidad subrayó que el mal uso de las medidas de protección es inaceptable y debe evitarse a toda costa. Además, enfatizó la importancia de utilizar los recursos de manera responsable y para el fin para el que fueron creados. Proteger a las personas en riesgo.
Finalmente, la UNP reiteró la necesidad de contar con la colaboración activa de la ciudadanía para evitar el despilfarro de recursos del programa de protección. Este tipo de hechos son inaceptables y la ciudadanía debe denunciarlos para garantizar que los fondos públicos se destinen a proteger efectivamente a quienes lo necesiten. Y no se desvíen hacia actividades ilegales o inmorales. La comunidad debe participar en este proceso para asegurar el buen uso de los recursos destinados a la seguridad y bienestar de las personas en riesgo.
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