El principio de congruencia impide cambiar cargos a menor implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Una norma que protege derechos procesales de adolescentes
En medio del impacto que generó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el caso del menor de 15 años señalado de disparar contra él ha puesto en el centro del debate el principio de congruencia. Este fundamento jurídico, contemplado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), impide modificar los cargos una vez realizada la audiencia de acusación, incluso si la víctima fallece después.
El joven, identificado con el alias de “Tianz”, ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que Uribe muriera el 11 de agosto, tras más de dos meses en cuidados intensivos. En consecuencia, la acusación no podrá elevarse a homicidio agravado, aunque se trate de un magnicidio de alto impacto nacional.
La sanción máxima en el SRPA
De acuerdo con el penalista Camilo Burbano, “el menor solo podrá ser condenado por tentativa, porque aceptó cargos antes del fallecimiento. No se le puede aumentar la pena por el principio de congruencia”. En el SRPA, la sanción máxima para un adolescente es de ocho años en un centro especializado, sin importar la gravedad del delito.
#Investigación 🏛️ El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continuará protegiendo al menor implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. 🗳️🇨🇴
🗣️ La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que el proceso está en manos de… pic.twitter.com/h3Oe9XAQlC
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) August 12, 2025
Esto contrasta con la situación de los adultos capturados por el caso —Elder José Arteaga Hernández, Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz—, quienes enfrentan cargos de homicidio agravado y podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión.
Sentencia y debate nacional
El 27 de agosto, el juez revelará la condena del menor y analizará medidas de protección solicitadas por su defensa, dado que ha colaborado con la Fiscalía en la identificación de otros implicados en la estructura criminal.
El caso ha reavivado la discusión sobre si la legislación juvenil en Colombia, amparada por el principio de congruencia, responde de manera proporcional en delitos de extrema gravedad. Mientras la norma busca proteger los derechos de los adolescentes en proceso judicial, sectores de la opinión pública consideran que las sanciones resultan insuficientes frente a crímenes de alto impacto como este magnicidio.
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