Panamericana habilitada: bloquear la vía no es un derecho del CRIC, es un abuso contra la comunidad
Tras más de tres días de bloqueo, el tránsito en la vía Panamericana fue restablecido en el sector de La Agustina, Santander de Quilichao. Allí, comunidades indígenas del pueblo Nasa, adscritas al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), mantenían cerrado el corredor vial que conecta a Popayán con Cali y al suroccidente con el resto del país.
La presencia de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD) y del Ejército permitió el despeje de la vía, en un procedimiento que, según confirmaron las autoridades, se realizó sin uso de la fuerza.
Cientos de vehículos represados durante días pudieron continuar su marcha, devolviendo la movilidad a miles de personas que dependían de esta arteria nacional.
El marco legal: protesta sí, bloqueos no
La Constitución de 1991 protege la diversidad cultural y la autonomía indígena (artículos 7, 246 y 330) y reconoce el derecho a la protesta social (artículo 37). Sin embargo, ninguna norma otorga a las comunidades el derecho de cerrar vías nacionales.
Por el contrario, el artículo 24 de la Carta Política establece que todos los colombianos tienen derecho a la libre locomoción, y el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) señala que los bienes de uso público, como las carreteras, deben permanecer al servicio de todos.
Incluso la Corte Constitucional, en sentencias como la C-463 de 2014, ha reiterado que la protesta no puede ejercerse de forma desordenada ni vulnerando los derechos colectivos.
En ese sentido, los bloqueos del CRIC no son un derecho, sino un abuso que somete a la población payanesa y del suroccidente a pérdidas económicas, riesgos de desabastecimiento y afectaciones en salud y transporte.
¿Se le está incumpliendo al CRIC?
Los voceros del CRIC suelen justificar los bloqueos en supuestos incumplimientos del Gobierno de Gustavo Petro . Sin embargo, las cifras cuentan otra historia.
Solo en 2025, el CRIC ha recibido contratos directos por más de 73.000 millones de pesos, sumados a convenios con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Deporte y la Agencia de Desarrollo Rural.
En total, desde 2022 los contratos ascienden a más de 405.000 millones de pesos para comunidades indígenas en todo el país.
A pesar de estas inversiones, no existen censos claros y verificables de la población beneficiada, lo que dificulta la rendición de cuentas. Incluso voces dentro de las propias comunidades han exigido a sus líderes transparencia sobre el manejo de estos recursos, preguntando públicamente “¿dónde está la plata?”.
Las críticas apuntan a una concentración de poder en la dirigencia indígena y a la falta de información pública sobre la ejecución de proyectos.
#Cauca | #VíaPanamericana | 🚨 Cientos de caucanos expresan su inconformidad por el bloqueo en la vía Panamericana, protagonizado por comunidades indígenas con símbolos del CRIC, que ha paralizado la movilidad entre el sur y el norte del departamento.
Transportadores, viajeros y residentes manifestaron su molestia por la afectación masiva y la falta de garantías para la libre circulación en uno de los corredores viales más importantes del país. 😡
🤝 La Gobernación del Cauca, a través de la secretaria de Gobierno, Maribel Perafán, ya se encuentra en el lugar liderando diálogos con las comunidades, acompañada por el Ejército Nacional, en busca de restablecer la movilidad y resolver la situación de orden público.
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Publicado por Meridiano Regional en Martes, 2 de septiembre de 2025
Territorios indígenas y bienes públicos: no son lo mismo
La autonomía indígena se ejerce dentro de sus resguardos, que son territorios colectivos inalienables e imprescriptibles, reconocidos constitucionalmente.
Pero esa autonomía no se extiende a bienes públicos como la Vía Panamericana. Los resguardos son de los pueblos indígenas, pero las carreteras nacionales son de todos los colombianos, y su ocupación indebida vulnera el derecho colectivo a la movilidad.
Pretender que el control legítimo sobre resguardos se traslade a vías nacionales es un error jurídico y político: el Estado tiene la obligación de garantizar que los bienes públicos no sean apropiados ni bloqueados por ningún sector.
Responsabilidad del Gobierno y gestión local
El Gobierno Nacional tiene la obligación de proteger a los ciudadanos más allá de acuerdos con el CRIC. No puede permitir que una minoría imponga sus reclamos a costa del bienestar general.
En el Cauca, el gobernador Octavio Guzmán ha liderado la articulación institucional con la fuerza pública bajo una premisa clara: “diálogo sí, pero sin bloqueos”. Gracias a esa coordinación, hoy la Panamericana volvió a estar habilitada.
Un llamado a la comunidad
La reapertura de la vía debe servir como recordatorio: las reivindicaciones indígenas son legítimas, pero no pueden ejercerse vulnerando la Constitución ni atropellando a millones de ciudadanos. La Panamericana no pertenece a un solo sector, es el eje de vida del suroccidente colombiano y un bien público que debe permanecer abierto.
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