Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 fue prorrogada por siete meses en Catatumbo
El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que prorroga por siete meses la Zona de Ubicación Temporal, creada en mayo de 2025 en el municipio de Tibú, en el marco de los diálogos de paz con las disidencias del Frente 33 de las Farc que hacen presencia en la región del Catatumbo.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 474 de 2025, firmada el pasado 23 de diciembre, y se adopta en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en esta subregión de Norte de Santander, donde continúan los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional.
Documento oficial – Resolución firmada
Prórroga de la Zona de Ubicación Temporal en medio de combates
Según el documento oficial, la prórroga de la Zona de Ubicación Temporal busca “continuar con el alistamiento para el ingreso” de los integrantes del Frente 33, una de las estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF).
No obstante, la medida se adopta en medio de una compleja situación de orden público. Las autoridades han alertado que los recientes combates en Catatumbo han dejado al menos 300 personas desplazadas, generando preocupación por el riesgo de una nueva crisis humanitaria similar a la vivida a comienzos de este año en la región.
Enfrentamientos recientes agravan la crisis en el Catatumbo
La prórroga de la Zona de Ubicación Temporal se produce en medio de una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, donde en los últimos días de diciembre de 2025 se han intensificado los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos y medios internacionales, los combates se reactivaron durante las festividades de Navidad, en el marco de una crisis humanitaria que se arrastra desde enero de este año y que tiene como trasfondo disputas por el control territorial, rutas del narcotráfico y economías ilegales en municipios como Tibú, El Tarra y Convención.
En las 24 horas previas al 25 de diciembre se registraron ataques con uso de explosivos, hostigamientos armados y fuego cruzado, afectando de manera directa a comunidades rurales del Catatumbo, lo que incrementó el temor entre la población civil y profundizó la emergencia humanitaria en esta subregión de Norte de Santander.
Panorámica del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, donde el Gobierno prorrogó la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33.
Desplazamientos masivos y riesgo de confinamiento
El recrudecimiento del conflicto armado ha tenido un impacto inmediato sobre la población civil. Entre el 24 y el 26 de diciembre, al menos 250 personas fueron desplazadas en un lapso de 24 horas, principalmente hacia Cúcuta, Ocaña y Tibú. Esta cifra fue actualizada posteriormente a 414 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niños y familias enteras que huyeron durante la Nochebuena y Navidad.
Organizaciones humanitarias como el Consejo Noruego para Refugiados alertaron que unas 6.000 personas adicionales se encuentran en riesgo de confinamiento o desplazamiento inminente, debido a las restricciones de movilidad, los enfrentamientos armados y el miedo generalizado en las zonas rurales.
Según balances consolidados, en lo corrido de 2025 el Catatumbo ha registrado entre 78.000 y más de 87.000 desplazamientos forzados, además de cerca de 100 muertes asociadas al conflicto armado, convirtiendo a esta región en uno de los epicentros de la crisis humanitaria en Colombia.
Defensoría del Pueblo insiste en alertas por derechos humanos
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente al Estado colombiano para adoptar medidas inmediatas que protejan a la población civil, advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La entidad recordó que desde el inicio del proceso ha señalado los riesgos que representan las Zonas de Ubicación Temporal cuando no existen protocolos claros ni condiciones mínimas de seguridad, especialmente en un escenario donde el conflicto entre el ELN y el Frente 33 no ha mostrado señales de desescalamiento.
La Gobernación de Norte de Santander y organizaciones internacionales también han pedido intervenciones urgentes, asistencia humanitaria y garantías para las comunidades, que hoy enfrentan la pérdida de sus hogares, el acceso limitado a alimentos, salud y educación, y un escenario de alta vulnerabilidad social.
Defensoría del Pueblo urge atención inmediata para situación humanitaria en el Catatumbo.
Tras casi un año, la subregión del Catatumbo ha sido escenario de múltiples hechos que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Actualmente, continúa… pic.twitter.com/LRNMRoQuvD
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 29, 2025
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