Del poder a la inhabilidad: Álvaro Leyva y su década fuera de la política
La Procuraduría ratifica la sanción contra Álvaro Leyva
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, una decisión que lo aparta por completo de la vida pública tras décadas de protagonismo en la política nacional. El fallo, firmado por el procurador Gregorio Eljach, se convierte en uno de los capítulos más controvertidos del actual Gobierno y marca un precedente en materia disciplinaria.
El origen de la sanción
El caso se deriva de la declaratoria de desierta de la licitación pública 001 de 2023 para la expedición de pasaportes. Según la Procuraduría, la decisión de Álvaro Leyva careció de fundamento legal, ya que la empresa oferente cumplía con los requisitos y había obtenido la máxima calificación en el proceso.
El organismo calificó la actuación como falta gravísima cometida con dolo, al desconocer principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia.

Consecuencias de la decisión disciplinaria
Con esta sanción, Álvaro Leyva no podrá ocupar cargos en la administración estatal durante la próxima década. El fallo cierra definitivamente su participación en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo aleja de cualquier posibilidad de aspirar a cargos de elección popular o de designación oficial.
Una trayectoria marcada por polémicas
Álvaro Leyva, una de las figuras más visibles del Gobierno en materia internacional, ya había sido objeto de cuestionamientos por su papel en las negociaciones de paz y, más recientemente, por su manejo en el proceso contractual de los pasaportes. La confirmación del fallo lo deja en una posición de retiro forzado, pese a que su nombre seguía teniendo peso en la política nacional.
Investigaciones en curso
La sanción contra el excanciller no cierra el capítulo de cuestionamientos en la Cancillería. La Procuraduría mantiene investigaciones abiertas contra la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio y otros exfuncionarios por el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, cuyo valor asciende a 1,3 billones de pesos y que ha generado dudas sobre planeación y capacidad técnica.
Una década sin cargos públicos
Con el fallo en firme, Álvaro Leyva inicia una década de inhabilidad que marca un punto de quiebre en su extensa trayectoria política. La decisión se convierte en un símbolo de cómo un contrato estatal puede definir el destino de un líder histórico en Colombia.
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