¿Quién debe manejar los recursos indígenas? El CRIC Cauca reclama lo que considera suyo
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Cauca) elevó una fuerte solicitud al presidente Gustavo Petro para suspender un contrato por más de 43.000 millones de pesos firmado por el Ministerio del Interior con el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje). Según la organización, el convenio vulnera los principios de autonomía indígena y de consulta previa al excluirlos de su ejecución, pese a que los recursos están destinados a fortalecer el gobierno propio indígena en el departamento.
Una carta directa a la Casa de Nariño
El pasado 1 de octubre, los consejeros mayores del CRIC Cauca enviaron una carta al jefe de Estado solicitando la suspensión inmediata del contrato interadministrativo No. 1783 de 2025, suscrito el 25 de agosto. El documento, conocido por la revista Cambio, advierte que el acuerdo se firmó sin participación ni consulta previa de las comunidades beneficiarias.
El CRIC sostiene que presentó una propuesta técnica y financieramente viable para manejar los recursos indígenas, pero esta no fue tenida en cuenta por el Ministerio del Interior. Por esa razón, pide revisar el proceso de adjudicación y reasignar la ejecución del convenio al propio Consejo Regional Indígena del Cauca, que asegura tener la capacidad operativa para ejecutarlo.
Millonarios convenios previos con el Gobierno
El reclamo resulta llamativo, ya que el CRIC Cauca ha sido uno de los principales aliados y contratistas del actual Gobierno Nacional en temas relacionados con los pueblos indígenas.
De acuerdo con información oficial, en lo corrido de 2025 la organización ha firmado cinco contratos directos con ministerios y entidades nacionales por más de 99.000 millones de pesos, incluyendo convenios con los ministerios de Educación, Salud, la Unidad Nacional de Protección y el mismo Ministerio del Interior por 3.000 millones.
Un debate sobre autonomía y legitimidad
La disputa no solo gira en torno al dinero, sino al reconocimiento de la autonomía indígena y la legitimidad de las autoridades propias para ejecutar recursos públicos.
“¿Cómo puede ser más idónea una institución a cientos de kilómetros de nuestros territorios que el CRIC, que lleva décadas trabajando aquí?”, expresó uno de los voceros consultados.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial frente al reclamo.
El caso reabre un viejo debate en Colombia: ¿hasta dónde llega la autonomía indígena en la administración de los recursos públicos y quién debe decidir cómo se ejecutan los programas que los afectan directamente?
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