lunes, 03 agosto 2026

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    Exgobernadores de Putumayo condenados por corrupción

    Tres exgobernadores Putumayo condenados por contratos irregulares

    Corte Suprema ordena captura por caso de corrupción que eludió la Ley 80

    La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena y ordenó la captura de tres exgobernadores del Putumayo involucrados en un esquema de contratación irregular. Se trata de Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas, hallados responsables de delitos como peculado por apropiación, en el marco de convenios celebrados con la organización internacional Convenio Andrés Bello (Secab).

    Según el alto tribunal, los exmandatarios firmaron y ejecutaron un convenio para asistencia técnica en obras de infraestructura en los municipios de Mocoa, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, en Putumayo. Este convenio se utilizó como medio para simular legalidad en procesos que evadieron lo estipulado en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal.

    Cómo los exgobernadores Putumayo evadieron los controles legales

    La Corte estableció que los tres exgobernadores del Putumayo recurrieron al Secab pese a sus antecedentes de incumplimiento, con el fin de evitar procesos contractuales ordinarios. Se autorizaron pagos millonarios y se le otorgó una falsa apariencia de legalidad a actos administrativos irregulares, vulnerando principios de transparencia y eficiencia.

    De acuerdo con el fallo, Belnavis lideró el esquema valiéndose de funcionarios de confianza. Palacios y León, por su parte, participaron en diferentes etapas del mismo plan, que terminó desviando recursos públicos a través de maniobras administrativas.

    Condenas ejemplares por corrupción en Putumayo

    Las penas impuestas fueron contundentes:

    • Fabián Alfonso Belnavis: 14 años de prisión y multa de $2.984 millones.

    • Carlos Alberto Palacios: 10 años de prisión y multa de $2.532 millones.

    • Renzo Alfonso León: 10 años de prisión y multa de $2.914 millones.

    Un precedente judicial para el Putumayo

    Este fallo de la Corte Suprema marca un precedente en el Putumayo, al desmontar una estructura de corrupción institucionalizada bajo la figura de convenios de cooperación. El tribunal advirtió que prácticas como estas afectan gravemente los recursos del Estado, deterioran la confianza institucional y vulneran los derechos de las comunidades más necesitadas.

    Con esta decisión, se refuerza el mensaje de que no hay impunidad para quienes, desde cargos de poder, desvían fondos públicos para fines personales o partidistas. La justicia avanza en la lucha contra la corrupción, incluso en los rincones más apartados del país.

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    Estefany Arana
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