Caso Fucoso: la segunda tormenta judicial que acorrala a Nicolás Petro
La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes nuevos cargos al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco del denominado Caso Fucoso, una investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados con la Gobernación del Atlántico entre 2021 y 2023.
La diligencia, desarrollada en Barranquilla ante un juez de control de garantías, marca un nuevo capítulo en la ya extensa saga judicial que enfrenta el hijo del mandatario colombiano, quien también está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Nueva audiencia en Barranquilla: Fiscalía amplía el expediente contra Nicolás Petro
Durante la audiencia del 10 de noviembre de 2025, la fiscal Lucy Laborde detalló las nuevas conductas imputadas a Nicolás Petro, entre ellas interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falso testimonio.
La representante del ente acusador explicó que los hechos configuran un presunto concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de delitos, lo que amplía la gravedad jurídica del expediente y refuerza la hipótesis de una red de manejo irregular de recursos públicos en la Gobernación del Atlántico.
Cinco contratos bajo la lupa: los vínculos con la Fundación Fucoso
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el Caso Fucoso se centra en cinco contratos firmados entre 2021 y 2023 por la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, por un valor superior a $3.000 millones de pesos.
Los investigadores sostienen que los recursos públicos habrían terminado beneficiando a terceros cercanos al entorno político y familiar de Nicolás Petro, configurando un posible uso indebido de la influencia que el exdiputado mantenía en la administración departamental.
Delitos imputados y solicitud de medida de aseguramiento
El ente acusador solicitó una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia, dado que varios testigos y documentos continúan bajo análisis dentro del expediente.
La Fiscalía General de la Nación también investiga la presunta falsificación de documentos públicos utilizados para justificar gestiones administrativas y contractuales ante la Gobernación del Atlántico.
Dos procesos activos y un futuro judicial incierto
Con esta nueva imputación, Nicolás Petro enfrenta ya dos procesos penales activos: el primero por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y el segundo, el Caso Fucoso, que lo vincula directamente con la presunta gestión irregular de recursos públicos.
La defensa del exdiputado sostiene que los nuevos cargos deben sustentarse en pruebas distintas a las del proceso inicial para evitar duplicidad judicial. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación insiste en que se trata de hechos independientes descubiertos durante el seguimiento a la Fundación Fucoso.
El proceso continúa en etapa preliminar, pero todo indica que Nicolás Petro podría ser llamado a juicio en los próximos meses, mientras la justicia define si impone medidas restrictivas de libertad o de carácter patrimonial.
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