sábado, 01 agosto 2026

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    Presiones políticas en el Cauca: investiga la Procuraduría

    Procuraduría investiga presiones políticas en el Cauca por consultas del Pacto Histórico

    Un video destapa presuntas presiones políticas en el Cauca

    La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar por posibles presiones políticas en el Cauca, tras la divulgación de un video en el que se observa a presuntos funcionarios públicos citando a contratistas del Estado para exigirles apoyo electoral en una consulta interna del Pacto Histórico.
    El hecho, que se viralizó en redes sociales, encendió las alarmas sobre la participación indebida en política y el uso del poder público como herramienta de coerción electoral.

    Procuraduría y Gregorio Eljach responden a las denuncias

    El procurador Gregorio Eljach confirmó que el ente de control recibió varias denuncias relacionadas con el caso.

    “Funcionarios citando a contratistas a puerta cerrada no solo atentan contra la transparencia, también podrían estar violando la ley”, advirtió el jefe del Ministerio Público, quien anunció que se evalúa la apertura de una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades individuales.

    El video muestra a uno de los asistentes diciendo: “Aquí todos tenemos que estar alineados, porque si uno no colabora políticamente, después no puede venir a pedir contrato”.
    La revelación desató una tormenta política en el Cauca, cuestionando el uso de la contratación estatal como mecanismo de presión.

    Exigen medidas de protección a contratistas del Estado

    Diversas organizaciones civiles y veedores ciudadanos solicitaron a la Procuraduría General de la Nación tomar medidas inmediatas para proteger a los contratistas frente a este tipo de presiones políticas en el Cauca.
    Según expertos consultados, el caso refleja la persistencia del clientelismo político y la manipulación de recursos públicos en contextos electorales.

    Transparencia y confianza institucional en juego

    La Procuraduría recordó que ningún servidor público puede condicionar contratos o beneficios laborales al apoyo político.

    “Proteger la neutralidad del Estado y la autonomía del votante es un deber constitucional”, subrayó Gregorio Eljach.

    El organismo reiteró su compromiso con la transparencia institucional y confirmó que las actuaciones preliminares buscarán establecer si hubo uso indebido del cargo público y vulneración de derechos políticos de los ciudadanos vinculados mediante contratación estatal.

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    Estefany Arana
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