Procuraduría investiga a Eduardo Montealegre por presunta participación en política
Un ministro bajo la lupa disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por su presunta participación en política. El proceso se originó luego de que el funcionario emitiera opiniones sobre varios precandidatos presidenciales y figuras del ámbito político nacional durante una entrevista con medios de comunicación.
El órgano de control advirtió que dichas declaraciones podrían vulnerar el principio de neutralidad que rige el ejercicio de la función pública, al hacer comentarios críticos o favorables hacia aspirantes a la Presidencia y al Congreso. Entre los mencionados por Eduardo Montealegre se encuentran Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Daniel Quintero, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, advierte sobre riesgos de discurso de odio en la campaña electoral.
Hizo un llamado a @petrogustavo y demás servidores públicos para acatar la ley y la Constitución.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 6, 2025
El detonante: las críticas a De la Espriella
La investigación disciplinaria se originó tras una queja presentada por el equipo jurídico del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, encabezado por el abogado Germán Calderón España. En su denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitaron determinar si las opiniones de Eduardo Montealegre constituyen una falta disciplinaria.
Durante la entrevista, el ministro calificó a De la Espriella como un “abogado de la mafia” y tildó su campaña de “caricaturesca”, expresiones que, según los denunciantes, comprometen la imparcialidad que debe mantener un ministro de Justicia.
Respuesta institucional y precedentes
La Procuraduría confirmó que en la apertura formal del proceso se ordenará la práctica de pruebas y que el funcionario podrá rendir su declaración dentro del trámite. La entidad subrayó que la participación en política de los servidores públicos está expresamente prohibida y que su incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del cargo.
El caso de Eduardo Montealegre se convierte en uno de los primeros procesos disciplinarios de alto perfil de cara a las elecciones 2026, enviando un mensaje de control y transparencia en tiempos preelectorales, cuando las fronteras entre opinión personal y posición institucional son cada vez más difusas.
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