Los nuevos delitos que agravan el caso Nicolás Petro
La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, entra en una nueva fase con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de ampliar los cargos en su contra. El ente acusador anunció que sumará dos nuevos delitos a la imputación que enfrenta por presunta corrupción en contratos en la Gobernación del Atlántico, lo que eleva la lista a cinco cargos en total.
Fiscalía endurece la acusación
De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía General de la Nación incluirá los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio, que se suman a los ya conocidos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
La audiencia de imputación está prevista para noviembre, luego de que la defensa de Nicolás Petro lograra aplazarla a comienzos de octubre. Sin embargo, la nueva decisión agrava su situación penal, pues ya enfrenta un proceso paralelo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Dos procesos que avanzan por caminos distintos
El primer proceso, relacionado con la presunta recepción de dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022, avanza hacia la fase de juicio. En este expediente, la Fiscalía General de la Nación sostiene que Nicolás Petro habría obtenido recursos ilícitos y los habría blanqueado a través de transacciones personales y de su expareja, Day Vásquez.
El segundo proceso —por corrupción en contratos administrativos en el Atlántico— amplía ahora su marco de imputación, tras detectarse posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante su paso por la política regional.
El cerco judicial se estrecha
Con esta nueva acusación, la Fiscalía busca demostrar que Nicolás Petro participó activamente en un entramado de contratación irregular que habría beneficiado a terceros y afectado recursos públicos.
El ente acusador también evalúa vincular nuevos testigos, entre ellos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y empresarios del Caribe, para robustecer la investigación.
Mientras tanto, la defensa insiste en que los señalamientos carecen de sustento probatorio y que la ampliación de delitos responde a una “estrategia mediática y política”.
El caso, sin embargo, vuelve a escalar la tensión entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, en un contexto donde los procesos contra Nicolás Petro se han convertido en uno de los frentes judiciales más sensibles del país.
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